La educación y el desarrollo rural

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Algunos hechos

El pasado 16 de octubre se celebró el día internacional de la alimentación, fecha promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés). El tema de este año fue Cambiar el futuro de la migración: invertir en seguridad alimentaria y desarrollo rural.

La FAO vislumbra que, en vista del dramatismo del fenómeno a escala mundial, para los próximos años, es imperativo crear “condiciones que permitan a las poblaciones rurales, especialmente a los jóvenes [además de niños y niñas], permanecer en sus hogares cuando sientan que es seguro hacerlo”. Lo anterior, sin duda, se contrapone al propósito de la SEP, de reubicar al alumnado de escuelas comunitarias y multigrado en planteles urbanos, como parte de la estrategia de equidad e inclusión.

Aunque a nivel mundial, según la FAO, hay más migración interna que internacional, lo cierto es que nuestro país es un fiel reflejo de que, quien se queda en el campo, son los adultos: según la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca –SAGARPA–, la edad promedio de las y los campesinos es de 55 años y solo uno de cada 100 es menor de 25 años.

Las condiciones sociales de las y los habitantes de las zonas rurales son las más desfavorables, ya que, en el mundo, tres cuartas partes de personas en extrema pobreza se dedican a actividades primarias. Además, 60% de la niñez que trabaja, lo hace en actividades agrícolas.

En nuestro país se consideran comunidades rurales aquellas que cuentan con menos de 2 500 habitantes y la mayoría se encuentra en situación de alta marginalidad; sus escuelas no tienen las condiciones educativas básicas para hacer permanecer a los niños, niñas y jóvenes y el abandono escolar en las escuelas rurales es casi el doble que el de las urbanas. Estos factores (entre otros) son la explicación de que el acceso a una educación de calidad para la población rural sea ostensiblemente más precario que el de la población urbana.

Datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación –INEE– señalan que las escuelas de educación obligatoria en zonas rurales representan 55.8% de los preescolares, 58.4% de las primarias, 57.1% de las secundarias, y 35.7% de los bachilleratos. La mayoría de ellas son multigrado, características porque son centros escolares pequeños, donde uno o más docentes se hacen cargo de dos o hasta seis o tres niveles educativos. El sistema ha desaprovechado las bondades pedagógicas de la modalidad multigrado, e incluso la han visto como una “carga presupuestal”, que ha obligado a impulsar programas de consolidación en las escuelas, pese a que estos provocan que la población rural pierda su relación con la escuela.

Por último, hay quien señala que el Estado debe garantizar que los NNJ reciban la educación en sus propias comunidades, dando así cumplimiento a los principios de equidad e igualdad.

Para el diálogo

  • ¿En verdad el campo no puede tener una educación de calidad igual o incluso superior que una urbana, por el simple hecho de no estar en una ciudad?
  • La migración masiva del campo es un fenómeno que responde, entre otras cosas, a que los capitales sociales, culturales y educativos se han trasladado a las ciudades.
  • Es indispensable que el Estado lleve a cabo acciones afirmativas para fortalecer los servicios educativos rurales, en articulación con otras estrategias económicas y sociales, para que las y los campesinos tengan oportunidades de calidad que los motiven a quedarse en sus hogares.
  • La evidencia muestra que las escuelas multigrado –mal llamadas “incompletas”– poseen características que posibilitan un mejor aprendizaje entre pares de distintas edades; solo falta proveerles de condiciones educativas adecuadas y pertinentes a su realidad.
  • Es posible pensar que, dado el volumen de escuelas insertas en las zonas rurales, estas pueden contribuir, no solo en la formación de niños, niñas y jóvenes, sino en brindar oportunidades de permanencia en el campo, y de contrarrestar la migración interna que afectaría la producción de alimentos a mediano plazo, además del desarraigo, desculturización, inseguridad de los migrantes, etcétera.

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