Reflexiones en torno a la profesión docente

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Algunos hechos

A la luz de las modificaciones del marco legal del sector educativo que se hicieron a inicios del presente sexenio, y con miras al proceso electoral que vivimos actualmente, en esta emisión hacemos una reflexión acerca de la profesión docente.

Desde la sociología de las profesiones, las profesiones se pueden clasificar en: función pública y liberales. Las de función pública “corresponden a los sistemas de administración del Estado, que tienen un estatuto propio, generalmente poseen una estructura piramidal y están fuertemente legitimados”. Por otra parte, las denominadas profesiones liberales son aquellas reguladas “por las reglamentaciones públicas sobre el mercado de trabajo [y] se rijen por la lógica del mercado o por la lógica meritocrática” (Panaia).

En nuestro país, ser maestro o maestra ha sido una profesión de función pública, ya que el Estado tiene la obligación de garantizar la educación obligatoria universal y de calidad (Art. 3°). Para lograr lo anterior, el gobierno históricamente había formado al magisterio por su cuenta con las escuelas de Educación Normal públicas o muy de cerca con las Normales particulares, y así cumplir su mandato constitucional.

Hasta 2014, era requisito haber estudiado en una Normal para asignársele una plaza inicial en el servicio docente (INEE) en las escuelas públicas. En varios estados se hacían concursos para esa asignación, y desde 2009 se inició un proceso de examen de oposición a nivel nacional. Con la creación de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) en 2013, lo anterior modificó, entre otros temas, el esquema de contratación de docentes para el servicio público, inscribiéndola en un espíritu de mérito personal.

La LGSPD establece que, para el Ingreso al Servicio en la Educación Obligatoria que imparta el Estado, se llevará a cabo “mediante concursos de oposición [y] podrán participar todas las personas que cumplan con el perfil relacionado con el nivel, tipo, modalidad y materia educativa correspondiente” (Art. 24). Con lo anterior, se abrió el espectro de ingreso a profesionistas egresados de licenciaturas de corte liberal, aunque permanece el control del estado sobre la contratación.

Los datos nos indican que, hoy en día, la mayor proporción de sustentantes idóneos para ocupar puestos de docentes provienen de las escuelas normales públicas, en comparación con los egresados de la Universidad Pedagógica Nacional y de otras instituciones de educación superior del país (INEE). Lo anterior se puede explicar, en buena medida, porque los egresados de las profesiones liberales (dependiendo de la licenciatura), no han tenido formación en áreas clave para los docentes como: didácticas especializadas, psicopedagogía, bases de neurociencias aplicadas al aprendizaje, entre otras.

Adicional a lo anterior, la lógica meritocrática, en la que se inscribe el SPD, supone que cada individuo se haga cargo de su carrera profesional (y más cuando las evaluaciones así lo determinan), además, instala la idea de la absoluta responsabilidad (LGSPD, Art. 4°, núm. XXV) de cada individuo en los resultados de su desempeño. En educación esto último no se da de manera directa. El aprendizaje del alumnado depende de varios factores: preponderantemente de la condición socioeconómica del alumnado, aunque también de las condiciones de la escuela y la manera de gestionarla, de los materiales educativos a los que tienen acceso, de los docentes (en plural) que construyen la historia y trayectoria académica del alumnado, entre otros muchos. Es decir, la responsabilidad del aprendizaje no depende únicamente del docente frente a grupo a la hora de evaluar el aprendizaje del alumnado que tiene en ese momento en el aula.

Para el diálogo

  • Los maestros y las maestras son muy importantes para que el Estado cumpla con el derecho a la educación en este país. Entre otras porque históricamente son quienes han llevado la educación a las zonas más apartadas de nuestro país (INEE).
  • El Estado no debe dejar la función de formar al personal docente, al contrario, debe fortalecer las condiciones laborales y de formación de los profesionales de la educación.
  • Hay que mejorar el proceso (y las evaluaciones) para el ingreso, y se requiere que las personas de profesiones distintas a la normalista, tenga las competencias pedagógicas y didácticas necesarias para estar en un salón de clases de educación obligatoria.
  • Además, independientemente si fue egresado de una escuela normal o no, las autoridades educativas deben garantizar que el personal educativo frente a grupo cuente con habilidades y competencias pedagógicas y didácticas necesarias para desarrollar su profesión, para lo cual es necesario un excelente sistema de actualización, formación continua y profesionalización de los y las docentes en servicio.