Todos contra el bullying

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En días pasados, el bullying o acoso escolar captó fuertemente la atención de toda la sociedad, a causa de la muerte de Héctor Alejandro Méndez, de 12 años de edad, el 20 de mayo, a raíz de que, una semana antes, cuatro de sus compañeros lo “columpiaron” y arrojaron dos veces contra un muro en una escuela de Cd. Victoria, Tamaulipas, ante la presencia de una maestra que, en apariencia, no impidió el “juego”.

El hecho fue tan impactante, que mereció el pésame personal del presidente de la República a sus familiares y el anuncio inmediato del secretario de educación de un programa piloto para combatir el fenómeno del acoso escolar, que iniciará en octubre de este mismo año.

Pero no solo el poder ejecutivo federal ha tomado cartas en el asunto; también el poder legislativo procedió en el mismo orden, con el anuncio, el 27 de mayo, de la elaboración de un protocolo para combatir la violencia en el medio escolar, mientras que diversos gobiernos estatales han expresado su voluntad de organizar iniciativas para prevenirlo y tratar sus secuelas físicas y psicológicas cuando no haya sido posible evitarlo.

La violencia es un hecho que ha existido siempre en las escuelas, pero empezó a impactar a la conciencia social hace cuatro décadas, cuando el psicólogo escandinavo Dan Olwens inició el estudio sistemático del tema, relacionándolo con el suicidio de adolescentes que habían sido víctimas de agresiones físicas o emocionales por parte de sus compañeros de escuela.

De entonces a la fecha, el fenómeno ha crecido en todo el mundo y, especialmente, en nuestro país, donde la OCDE y la CNDH han reportado un aumento de 10% en las denuncias y un total de 18 millones 781 875 alumnos que han sido afectados por el fenómeno tanto en escuelas públicas como en privadas.

Más aún, la agresión en las escuelas no solo conserva las formas tradicionales de violencia: física, verbal directa e indirecta (rumores y chismes) y de aislamiento social, sino que ha adoptado nuevas formas de expresión, como el llamado ciberbullying, consistente en publicar las agresiones y burlas través de las redes sociales.

Por otra parte, en un entorno generalizado de violencia como el que existe hoy en nuestro país, no es de extrañar que el espacio escolar se haya vuelto también más violento y que hechos como el señalado al inicio ocupen más frecuentemente los espacios de los medios de comunicación.

Por eso, la percepción de las autoridades es correcta: se requiere una respuesta no solo inmediata, sino también de gran alcance, que enfrente adecuadamente el creciente fenómeno del bullying.

De nada sirven los simples deslindes de responsabilidad, aduciendo que los maestros o los padres son los responsables de esa violencia, o reducir las acciones solo al espacio físico de la escuela, vigilando, por ejemplo, más acuciosamente a los alumnos en los salones, patios, baños y calles aledañas a la misma.

Lo que se requiere es involucrar a todos los miembros de la comunidad escolar, así como al conjunto de la sociedad en una estrategia que considere no solo la parte actitudinal del problema –el rechazo decidido a toda forma de violencia–, sino también la adquisición de las habilidades para prevenirla, tanto en los estudiantes que pueden constituirse en acosadores potenciales, como en los acosados, en los testigos del entorno, y en los maestros, para informarse y estar alerta frente a las posibles agresiones y en los padres para manejar las emociones de sus hijos que buscan agredir o son agredidos

El reto no es fácil; basta pensar en la dificultad cultural que significa para los alumnos señalar a los agresores ante la autoridad escolar en un país donde “rajar” se considera una acción detestable. O la arraigada costumbre en algunos padres de familia que invitan a sus hijos a “no dejarse”, y a defenderse con una violencia semejante cuando son agredidos por un compañero o compañera.

Es de esperar, pues, que los diferentes poderes gubernamentales hagan pronto y bien la parte que les toca, pero también que las innumerables comunidades escolares –poco más de 227 500, según la SEP– y la sociedad en general, nos ocupemos decididamente de la violencia que está afectando, cada vez más, a nuestros niños y jóvenes.